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Desde, aproximadamente, el  año 2004 diversos bancos y cajas de ahorro han venido ofreciendo a algunos de sus clientes la contratación de productos financieros complejos referidos a permutas de tipos de interés  o  swaps.

 

Dichos derivados financieros se han venido ofertando normalmente vinculados a otros productos bancarios: líneas de crédito, de descuento o meras hipotecas, ya que su contratación se vendió por parte de las entidades financieras como si se tratase de un seguro o cobertura del riesgo del incremento de los tipos de interés exigibles por el contrato bancario al que, en principio, se vinculaban.

 

Los clientes objetivo de este tipo de productos han sido en la mayoría de los casos personas físicas y PYMES que no tenían el perfil profesional necesario que les capacitase para entender el funcionamiento y consecuencias de los productos complejos cuya contratación se les ofreció.

 

La falta de información objetiva facilitada a los clientes, junto con la drástica bajada de los tipos de interés ha provocado una situación de alarma generalizada por parte de los usuarios bancarios, en tanto que no ha sido sino al bajar los tipos de interés, que han aflorado las verdaderas consecuencias de este tipo de contratos.

 

Efectivamente, los clientes que contrataron lo que, en un principio, consideraron sería un seguro ante una posible subida de los tipos de interés se han percatado de que, no sólo no cuentan con seguro alguno, sino que ahora les es imposible beneficiarse de la bajada de los tipos, ya que los contratos de derivados que en su día suscribieron les obliga a pagar la diferencia entre el euribor que fijaron en “swap” y el tipo vigente.

 

Por otra parte, los contratos tampoco prevén un “floor” o suelo a partir del cual los usuarios puedan legítimamente desistir de los contratos, de tal forma que éstos continúan vigentes con independencia de (i) cuán bajos estén los tipos de interés (a diferencia de los que ocurre si suben, supuesto en el que, en muchos casos, las entidades financieras se reservan la posibilidad de rescindir el contrato) y (ii) de que se haya cancelado el producto bancario al que en teoría estaba vinculado, dándose la paradoja de que, aún habiéndose cancelado dicho producto bancario al que supuestamente daban cobertura, el cliente se ve obligado a tener que seguir pagando lo que ahora ya sabe era un “swap” de carácter aislado.

 

Ante las solicitudes de cancelación de los contratos de derivados por parte de los usuarios y PYMES las entidades financieras están limitándose a proceder a la liquidación de las cantidades que dichos contratantes deberán pagar hasta el plazo de finalización del derivado firmado, lo que implica que las cantidades a pagar no son sino lo que los clientes tendrían que pagar si el contrato estuviese vigente hasta su término.

 

En este mismo sentido, decir que lo que ha sorprendido a los incautos contratantes no ha sido únicamente la reclamación de dichas liquidaciones a la cancelación –cuya existencia no podía deducirse con claridad del texto de los contratos- sino que, además, la fórmula aplicada a posteriori para realizar las liquidaciones individualizadas resulta de todo punto insondable para el usuario bancario medio.

 

En definitiva, los contratos, que se comercializaron como un seguro, eran en realidad contratos sobre un producto financiero de riesgo, o contrato de derivados, sobre los cuales las entidades financieras no informaron adecuadamente a sus clientes, pues no explicaron con claridad, ni la mecánica a la que respondían, ni la política de cancelación, ni, más concretamente, el importe de las liquidaciones que debería pagar el cliente si quería cancelarlo.

 

Por todo ello, en términos generales podemos concluir que en la mayoría de estos casos concurrió error al prestar los clientes su consentimiento y una grave falta de transparencia por parte de las entidades financieras a la hora de informar de las consecuencias y efectos reales de este tipo de contratos, lo que nos lleva a entender razonable solicitar la declaración de nulidad de los contratos ante los Tribunales de Justicia invocando, entre otras y según los casos, todas o algunas de las disposiciones siguientes:

 

- Ley 26/1984, de 19 de Julio, de defensa de los consumidores y usuarios.

- Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores (tanto en su redacción anterior a la transposición de la Directiva MIFID como en la nueva regulación operada tras la Ley 47/2007).

- Circular 8/90 de 7 de Septiembre, del Banco de España sobre transparencia de las operaciones.

- Ley 7/1995, de 23 de Marzo, de Crédito al consumo.

- Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre condiciones generales de la contratación.

- Ley 36/2003, de 11 de Noviembre, de medidas de reforma económica.

- Así como el Código Civil en materia de nulidad e interpretación de las cláusulas.

 

Así mismo, para aquellos que no estén interesados en iniciar directamente acciones judiciales, sería posible iniciar con carácter previo acciones extrajudiciales ante el servicio de atención al cliente o defensor del cliente de la entidad financiera involucrada y, con posterioridad, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores o ante el Banco de España.

 

A lo largo de esta andadura, la asociación, ha tenido que ir ampliando los servicios a sus asociados en la medida que han ido surgiendo nuevos productos abusivos, como las llamadas Preferentes, las Hipotecas multidivisa, el IRPH, LAS CLÁUSULAS SUELO, los gastos de constitución de hipoteca. Cláusula de cancelación anticipada del préstamo, las acciones de Bankia, las multidivisas.También los casos de las promotoras de viviendas, incluso cooperativas, cuyos compradores se han visto inmersos en una gran dificultad para recuperar su dinero, por ser fallido el proyecto de construcción de sus viviendas con responsabilidad, en algunos de los casos, de los propios bancos depositarios de dicho dinero, que no han cuidado el cumplimiento de las Leyes que obligan a avalar las cantidades entregadas a cuenta para la adquisición de las viviendas.

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